Santo Domingo.- Los principales representantes del Sector Unido de la Construcción, incluyendo APROCOVICI, ADECLA, AEI, y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), expresaron su preocupación ante la propuesta de reforma fiscal, la cual aseguran podría provocar un serio retroceso en el acceso a viviendas asequibles en el país.
Advierten que el impacto de esta reforma sería devastador, poniendo en riesgo los avances logrados durante décadas en el sector.
Uno de los puntos más críticos es la eliminación de la tasa diferenciada del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los fideicomisos de vivienda, lo que generaría un aumento inmediato del 12.5 % en el precio de las viviendas.
Agregaron que, a esto se suma un alza del 18 % debido a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de viviendas, al transporte y a materiales no industrializados como los agregados, así como el incremento del 50 % en las retenciones sobre la mano de obra.
Destacan que estos factores combinados podrían incrementar los precios de las viviendas en más del 30 %, una cifra insostenible para la mayoría de los dominicanos.
Este aumento de precios tendría consecuencias especialmente graves para los proyectos de Vivienda de Bajo Costo (VBC), ya que se estima que el 59 % de ellos perderían su actual calificación, excluyendo a los compradores del bono de Vivienda de Bajo Costo, una de las principales herramientas del gobierno para promover la vivienda social.
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Esto significaría que 6 de cada 10 familias dominicanas no tendrían los recursos necesarios para adquirir una vivienda, alejándolos aún más del sueño de poseer un hogar propio.
Además del impacto en la adquisición de viviendas, los alquileres también experimentarían un aumento significativo. La oferta de viviendas para alquiler se vería gravemente afectada debido al aumento de costos para los propietarios, impulsado por la reducción del umbral del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) de 9 millones a 5 millones de pesos y la revalorización de inmuebles. Este escenario provocaría un alza en los precios de los alquileres y una caída en la demanda de viviendas, con una disminución estimada del 56 % en las ventas.
Se proyecta que la inversión en nuevos proyectos disminuiría en alrededor de 77,000 millones de pesos, afectando negativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y resultando en la pérdida de más de 115,000 empleos en el sector. Estas estimaciones, basadas en datos del Boletín de Estadísticas de Solicitud y Expedición de Licencias de Construcción de Viviendas y Edificaciones del MIVED de 2023, subrayan la magnitud del daño económico que podría ocasionar esta reforma.
La implementación de estas medidas también impactaría los esfuerzos por reducir el déficit habitacional del país, estancando el crecimiento logrado gracias a los fideicomisos, que han sido clave para dinamizar el sector de la construcción en los últimos años.
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Frente a este escenario desolador, ACOPROVI y el Sector Unido de la Construcción han solicitado al gobierno una revisión del paquete de medidas fiscales para mitigar los efectos adversos sobre el sector de la vivienda.
Destacan que, si bien es necesario modernizar la economía, esto no debe hacerse a costa de comprometer el derecho constitucional de los dominicanos al acceso a una vivienda digna. El sector reafirma su compromiso de colaborar con el gobierno a través del diálogo constructivo para encontrar soluciones viables que no afecten a las familias más vulnerables.
