Los Ángeles (EE.UU.).- Las autoridades del estado de California presentaron este lunes una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, por desplegar de manera «ilegal» a la Guardia Nacional bajo el argumento de contener las protestas de Los Ángeles contra las redadas migratorias.
El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con el gobernador de California, Gavin Newsom, «están demandando a Donald Trump y pidiendo al tribunal que anule la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California», informó Bonta este lunes en una declaración.
La medida tomada por la Administración «abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda» de la Constitución, agregó.
«Activar a estas tropas para protestas que las fuerzas del orden locales confirmaron en ese momento que estaban bajo control es profundamente injusto y una falta de respeto a su servicio y sacrificio», indicó Bonta.
El despliegue de tropas requiere el consentimiento de Newsom y esta es la primera vez desde 1965 que un mandatario estadounidense lo hace «sin una solicitud del gobernador del estado», alertó.
«El gobernador de California sabe cómo llamar a la Guardia Nacional cuando es necesario. Lo hizo con los incendios de Los Ángeles y en el verano de 2020 con algunas de las protestas en California. Así que esto es algo que está dentro de la jurisdicción del gobernador Newsom. Y él no autorizó el uso de la Guardia Nacional aquí, no la convocó», insistió.
La Casa Blanca y el Gobierno de Newsom se han enfrentado en las últimas horas por la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional para contener las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, una medida rechazada por las autoridades locales.
Tom Homan, encargado de la política migratoria de la Casa Blanca, declaró el domingo en una entrevista que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, la también demócrata Karen Bass, podrían ser arrestados. El gobernador respondió con un desafiante: «Tom, arréstame».
El ‘zar de la frontera’ aclaró este lunes que no hay planes para detener al gobernador, pero advirtió de que el Ejecutivo de Trump no tolerará que nadie «obstaculice la aplicación de la ley».
