Este 30 de enero se conmemoran 88 años desde que el gobierno dominicano, encabezado por Rafael Leónidas Trujillo, pagó RD$750,000 al gobierno de Haití como indemnización por la matanza de aproximadamente 18,000 haitianos ocurrida en 1937.
Este episodio, conocido como «El Corte» o la «Masacre del Perejil», se ejecutó bajo órdenes directas de Trujillo con el propósito de “dominicanizar” la región fronteriza. Sin embargo, a casi nueve décadas de ese evento, las tensiones entre ambos países no solo persisten, sino que han adquirido nuevas dimensiones, especialmente con el incremento de la migración haitiana hacia la República Dominicana.
Un conflicto histórico con raíces profundas
El exterminio masivo de haitianos en 1937 fue anunciado públicamente por Trujillo el 4 de octubre de ese año, durante un acto celebrado en Dajabón. Este plan, justificado como una medida para proteger la soberanía dominicana, provocó una crisis diplomática entre los dos países. Para resolver el conflicto, en enero de 1938, ambos gobiernos, con mediación de la Iglesia Católica y el respaldo de la Comisión Permanente de Conciliación, llegaron a un acuerdo que incluyó el pago de la mencionada indemnización.
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El tratado, firmado en Washington, Estados Unidos, el 30 de enero de 1938, fue ratificado por el Congreso Nacional dominicano al día siguiente y por Haití el 5 de febrero. Este acuerdo fue celebrado como un avance significativo en las relaciones bilaterales y fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. No obstante, la matanza tuvo un costo político elevado para Trujillo, quien vio afectada su popularidad en 1938, lo que lo llevó a no presentarse como candidato presidencial, cediendo el liderazgo a Jacinto Peynado y Manuel de Jesús Troncoso, aunque continuó ejerciendo el poder desde las sombras.
La migración haitiana en la actualidad
Hoy en día, el tema migratorio sigue siendo una de las mayores fuentes de tensión entre República Dominicana y Haití. Con una crisis política, económica y social que ha devastado al vecino país, miles de haitianos cruzan diariamente la frontera en busca de mejores oportunidades. Esta situación ha generado presiones significativas en sectores como la salud, la educación y el empleo en territorio dominicano.
Según datos recientes, los haitianos constituyen la principal fuerza laboral en áreas como la agricultura, la construcción, el transporte público, y el sector servicios, incluyendo restaurantes y pequeños comercios. Sin embargo, su presencia también ha sido vinculada a un aumento de la percepción de inseguridad y criminalidad en algunas comunidades, lo que ha exacerbado los sentimientos de rechazo y discriminación en ciertos sectores de la población dominicana.
Casos recientes de violencia que reavivan las tensiones
Un ejemplo reciente de estas tensiones fue el asesinato de Juan Ramón Almánzar Pujols, un comerciante oriundo de Azua, y su chofer, Rafael Alcántara (conocido como Felín), de 59 años. Ambos fueron asesinados a puñaladas y sus cuerpos hallados el pasado sábado en una finca ubicada en la comunidad La Ceiba, paraje Las Mercedes, Pedernales. El principal sospechoso del crimen, identificado como Breison Pie, es un ciudadano haitiano que se encuentra prófugo, y las autoridades han iniciado una búsqueda activa con el fin de capturarlo.
Este caso ha generado un profundo rechazo y ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y la seguridad fronteriza.
Medidas del gobierno dominicano
En respuesta a estos desafíos, el presidente Luis Abinader ha intensificado las medidas de control migratorio a través de la Dirección General de Migración, liderada por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD). Estas acciones incluyen operativos masivos de repatriación de indocumentados y un refuerzo de la seguridad en la frontera con la construcción de un muro fronterizo, cuyo objetivo es reducir la inmigración ilegal y el contrabando.
A pesar de estas medidas, la situación sigue siendo compleja. Por un lado, los haitianos representan una parte importante de la fuerza laboral en sectores clave de la economía dominicana, lo que plantea un dilema para los empresarios y agricultores que dependen de esta mano de obra. Por otro lado, la percepción de que la migración masiva está desbordando los servicios públicos y contribuyendo a la inseguridad genera fuertes demandas de acciones más contundentes por parte del gobierno.
Un desafío continuo para ambos países
La relación entre República Dominicana y Haití sigue marcada por una historia de tensiones y desconfianza. Mientras que el gobierno dominicano busca equilibrar las necesidades económicas con la seguridad nacional, Haití enfrenta una crisis interna que dificulta cualquier tipo de colaboración efectiva entre ambos países.
A casi nueve décadas del acuerdo de 1938, el desafío sigue siendo encontrar soluciones sostenibles que garanticen la convivencia pacífica y el desarrollo mutuo en una región históricamente conflictiva.
