Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos, una reforma largamente esperada que busca transparentar la fórmula de precios de los combustibles, modernizar el sector energético y mejorar el uso de los subsidios estatales.
La nueva legislación sustituye la anterior Ley 112-00, y establece un sistema más claro de cálculo de los precios de venta al público de los carburantes, incluyendo la desagregación del Precio de Paridad de Importación (PPI), márgenes de comercialización e impuestos aplicables.
Según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), esta normativa representa un paso clave para garantizar mayor equidad en la estructura de precios, al tiempo que fortalece el marco regulatorio para atraer inversiones y promover el uso de energías más limpias.
El presidente Abinader destacó que la ley responde a un reclamo de la ciudadanía y los sectores productivos, al tiempo que permitirá un mejor manejo de los recursos públicos invertidos en subsidios. “Es una ley para la transparencia, para el futuro energético del país y para la justicia social”, declaró.
Entre las novedades, se incluye un mecanismo de revisión periódica de los márgenes de intermediación, auditorías públicas del gasto en subsidios y la creación de un portal digital para que la población pueda consultar en tiempo real cómo se compone el precio de los combustibles.
El Gobierno aseguró que esta ley no implicará aumentos inmediatos en los precios actuales, y que su implementación será gradual, con un reglamento complementario que se elaborará en los próximos 90 días.
La aprobación de esta ley fue respaldada por diversos sectores empresariales y sociales, que reclamaban mayor previsibilidad y transparencia en el mercado de hidrocarburos.
Según el documento de prensa, la nueva legislación “establece un régimen más actualizado y competitivo para atraer inversión nacional e internacional en la búsqueda y aprovechamiento de los yacimientos de petróleo, gas natural y otros combustibles similares en el territorio y espacios marítimos bajo jurisdicción dominicana”.
