Tegucigalpa.– Honduras recibió este viernes a 154 de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, elevando a 15,001 la cifra de migrantes retornados en lo que va de 2025.
Los connacionales llegaron en dos vuelos —uno civil y otro militar— al Aeropuerto Internacional José Ramón Villeda Morales, en La Lima, departamento de Cortés, al norte del país, consolidando una tendencia que refleja los desafíos persistentes de la migración irregular en la región.
El transporte militar trasladó a 40 personas, mientras que un vuelo chárter procedente de Alexandria, Luisiana, devolvió a otros 114, según las autoridades migratorias.
También te puede interesar:
A su arribo, los retornados reciben atención médica básica y un plato de comida. Además, el programa social “Hermano, hermana, vuelve a casa” les otorga un primer apoyo de 100 dólares y un bono para alimentos, seguido de un segundo desembolso de 1.000 dólares destinado a impulsar iniciativas productivas que les permitan generar ingresos, según detallaron las autoridades hondureñas.
Estas deportaciones se enmarcan en la política migratoria de la Administración de Donald Trump, quien prometió desde su campaña una expulsión masiva de indocumentados, un proceso que comenzó el día de su investidura.
La medida más reciente fue la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 76.000 hondureños y nicaragüenses, vigente desde 1999.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida porque los dos países «ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS».
Con la llegada de estos 154 migrantes, las autoridades estadounidenses han retornado a un total de 15.001 hondureños en lo que va de 2025.
Miles de hondureños se ven obligados a huir de su país, principalmente hacia Estados Unidos, debido a la falta de empleo, la violencia, la inseguridad y la necesidad de reunirse con sus familias, según organizaciones defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 1,8 millones de hondureños viven en Estados Unidos —entre residentes legales e indocumentados— y 261.651 de ellos cuentan con órdenes de deportación, aunque no están bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
