Garantías económicas a imputados de estafar por medios electrónicos


Santiago.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Wendy Tavárez, impuso garantías económicas como medidas de coerción a tres imputados de estafa, acusados de participar en una red que utilizó medios electrónicos para robar relojes, celulares y otros objetos.

La medida coercitiva se estableció en contra de Franklin González Rosario, quien debe pagar 700 mil pesos como garantía económica; Gian Franco Galán, que deberá pagar 400 mil pesos, y Ronny Andrés Jorge Rodríguez, 400 mil pesos, a través de una compañía aseguradora.

La magistrada, además, declaró de tramitación compleja el proceso que la Fiscalía de esta provincia judicializó contra la supuesta red.

La juzgadora validó la solicitud del Ministerio Público de declarar el caso complejo, debido a la pluralidad de víctimas estafadas por los imputados.

La Fiscalía de Santiago, a través de su Unidad de Delitos Electrónicos, encabezó la investigación en la que también participó la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional, diligencias que permitieron identificar el modo en que los estafadores ubicaban y captaban a sus víctimas.

El órgano de la persecución penal les atribuye constituirse en asociación de malhechores para cometer estafa, robo de identidad y falsificación, haciendo uso de medios electrónicos en perjuicio de seis personas.

El documento de solicitud explica que la red de estafadores robaba celulares, relojes inteligentes y otros equipos electrónicos, al recibirlos de sus víctimas luego de simular que habían pagado el monto acordado mediante una transacción bancaria.

En la investigación, los especialistas en delitos electrónicos del órgano acusador obtuvieron, siempre con el soporte de oficiales del Dicat, evidencias de un patrón repetido en el modus operandi de los estafadores.

Las acciones que se les atribuyen a los imputados constituyen violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano y los artículos 15, 17 y 18 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.



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