diciembre 2, 2022


Corría el mes de noviembre de 1993 cuando el Tribunal Constitucional tumbó la ley de la ‘patada en la puerta’, aquella que autorizaba a los policías a entrar y registrar un domicilio sin autorización del juez cuando perseguían delitos de narcotráfico. Se trataba del proyecto estrella del entonces ministro del Interior y estoy seguro que el lector recuerda la decisión irrevocable que tomó José Luis Corcuera al conocer el varapalo judicial: dimitir.

Aquello fue un acto de dignidad política, y de orgullo personal, porque algunos políticos también gastan de eso. Me pregunto: ¿esto lo sabrá Irene Montero en el momento en el que su ley estrella está consiguiendo el efecto contrario al que buscaba? ¿Habrá barajado la ministra de Igualdad, aunque sea por un instante, la posibilidad de asumir responsabilidades políticas ante uno de los fracasos más sonados de la reciente historia legislativa?

Lo del órgano garante de los derechos constitucionales con Corcuera ha pasado con decenas de leyes, y para eso está este tribunal. Lo que convirtió en irrevocable la decisión del ministro fue su identificación personalísima con una ley que levantaba un fortísimo rechazo político y social. Apostó duro, perdió y se fue a su casa.

El caso de Irene Montero con la ley del ‘solo sí es sí’ representa una apuesta política mucho más fuerte, por su compromiso personal e ideológico y por su ceguera ante las insistentes advertencias políticas, jurídicas y sociales. Quien se lo advirtió fue señalado: machista, reaccionario.

Pero lo peor para ella es que el rostro del fracaso no es una fría resolución del Tribunal Constitucional, sino el escrutinio de la cruda realidad. Ya son cuatro los condenados por abusos o agresión sexual que han salido a la calle: un profesor por abuso a menores, dos tipos por agresiones sexuales sin penetración y otro que lo intentó. O aún más duro: los rostros de las víctimas. ¿Existe mayor razón para dimitir? Se llama dignidad.



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