diciembre 7, 2022



Hace un par de años, con la tramitación presupuestaria en curso, Oriol Junqueras, aún preso en Lledoners, le dijo al redactor de ‘El País’ que acudió a entrevistarle: «El objetivo es la independencia y caerá por su propio peso: solo hay que trabajar para convencer a más gente». Cuando el periodista le preguntó si la independencia no es un objetivo imposible, Junqueras respondió: «¡Una mierda! ¡Una puta mierda!». El resto de sus declaraciones fueron igualmente iluminadoras. Su razonamiento se basaba en la premisa de que todo lo que hicieron en otoño de 2017 hubiera sido irreprochable en un país normal. España no lo es. Aquí se dan palizas a los votantes, se encarcela a inocentes y se clausuran Parlamentos por el simple hecho de poner urnas. En su reflexión, Junqueras no hacía ninguna referencia al dictado de la ley. No dijo en ningún momento que la votación a la que se refería estaba prohibida por la ley, que sus promotores fueron encarcelados por transgredir la ley y que el gobierno y el parlamento autonómicos fueron intervenidos, al amparo de la ley, por su empeño en subvertirla. Tampoco dijo que la leyes que violaron fueron aprobadas por un parlamento democrático y que su observancia, por eso, obligaba a todos por igual, ya fueran fontaneros, políticos o sexadores de pollos. Quedaba claro que detrás del razonamiento del líder independentista se escondía, sin disimulo alguno, la profunda convicción de que la política está por encima de todo y que cualquier violación del código penal que esté inspirada por una idea romántica de naturaleza política debería quedar impune. El dislate no hubiera tenido mayor importancia si el Gobierno hubiera estado dispuesto a cortarlo de raíz. Pero no es el caso. Sánchez aceptó una negociación cuyo propósito declarado consistía en dejar sin castigo a todos aquellos que, envueltos en la estelada, transgredieron la Constitución al grito de viva la República independiente de Cataluña. Junqueras, en aquellas declaraciones de enero de 2020, fue inequívoco: si se avanzaba en la consecución de este objetivo, ERC apoyaría los Presupuestos. De lo contrario volverían a rechazarlos y la estabilidad de la legislatura saltaría por los aires. Dos años más tarde, con una nueva tramitación presupuestaria en curso, nadie puede dudar que el caudillo de ERC ha ganado la partida. La violación del Código Penal ya no castigará a los independentistas empeñados en acabar con la idea de España que heredamos de nuestros padres y que –admitámoslo ya de una vez– no podremos legar a nuestros hijos. No es que Sánchez se haya rendido ahora. Se rindió diez minutos antes de llegar al poder con el apoyo de los delincuentes que lo hicieron posible. Tal vez sea un buen momento para que recapaciten los magistrados que cayeron en la tentación de hacer política cuando juzgaron los hechos de octubre de 2017. ¿El referéndum ilegal fue fruto de una ensoñación? Pincho de tortilla y caña a que si hubieran ajustado la sentencia al tipo penal apropiado, hoy las cosas serían sustancialmente distintas.



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