diciembre 5, 2022

¿cuáles son los estados con las políticas más inclusivas?


(CNN Español) — Estados Unidos es el país del mundo con el mayor número de inmigrantes: se calcula que actualmente viven allí más de 45 millones de personas que nacieron en otro país.

Mientras que un 23% de esas personas se encuentra en una situación irregular —entre 10 y 11 millones de personas—, el 77% restante posee algún tipo de estatus legal: ya sea porque se naturalizaron ciudadanos, porque obtuvieron la residencia permanente o porque obtuvieron la residencia temporal, según indica el Pew Reaserch Center. 

Las condiciones de vida en EE.UU. de esas personas se encuentran profundamente marcadas por ese estatus legal, sobre todo después de las leyes federales de bienestar e inmigración del año 1996, que inauguraron una era de restricciones para los inmigrantes. En ese contexto, muchos estados han trabajado para suplir ciertas falencias federales, con políticas inclusivas para que las personas con un estatus migratorio irregular puedan acceder a los programas, beneficios y servicios públicos.

“Al adoptar políticas que crean caminos hacia la prosperidad, en áreas como la matrícula universitaria, las licencias de conducir y el acceso a la atención médica, los estados pueden desmantelar las barreras sistémicas para las personas sin un estatus migratorio documentado y brindarles más oportunidades de contribuir a sus estados, comunidades, y economías”, afirma un informe reciente del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

Así, viviendo en el mismo país, cuestiones cotidianas habilitadas por esas políticas pueden delinear realidades muy diferentes según el estado en donde viva cada persona.

CNN conoce detalles del plan de EE.UU. para inmigrantes venezolanos 2:35

Tanya Broder, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo a CNN que “más de un tercio de los estados adoptaron al menos una ley o política inclusiva de inmigrantes en 2022. Los gobiernos estatales y locales reconocen cada vez más la necesidad de garantizar que todos los residentes tengan acceso a atención médica, apoyo económico y seguridad laboral”.

Entonces, ¿dónde eligen (o no) vivir los inmigrantes en EE.UU.?

Casi la mitad (45%) están repartidos en apenas tres estados: California (24%), Texas (11%) y Florida (10%). California tuvo la población inmigrante más grande de todos los estados en 2018, con 10,6 millones. Ese mismo año, Texas, Florida y Nueva York tenían más de 4 millones de inmigrantes cada uno. Atrás de Nueva York le sigue el estado de Nueva Jersey.

¿Está la elección del estado de residencia relacionada con las posibilidades que brinda cada legislación estatal?

Licencias de conducir

Varios estados permiten que las personas que no tienen residencia legal en Estados Unidos obtengan licencias de conducir. El requisito es presentar cierta documentación como un certificado de nacimiento extranjero, un pasaporte extranjero o una tarjeta consular y evidencia de residencia actual en el estado.

Esos estados, según datos del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, son California, Colorado, Connecticut, Delaware, la ciudad de Washington, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Puerto Rico, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington. Del otro lado, Texas y Florida, dos de los estados con mayor cantidad de inmigrantes, no ofrecen esa posibilidad.

Un grupo de inmigrantes camina desde el Centro de Recursos al Inmigrante hacia un centro comercial en busca de comida, el 19 de septiembre de 2022 en San Antonio, Texas (Photo by Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Un grupo de inmigrantes camina desde el Centro de Recursos al Inmigrante hacia un centro comercial en busca de comida, el 19 de septiembre de 2022 en San Antonio, Texas (Photo by Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Entre los estados en los que sí se otorgan los permisos de conducir más allá del estatus migratorio, existen diferentes tipos de licencias. Algunos estados solo ofrecen una licencia restringida —como Hawai—, otros ofrecen licencias que solo son válidas por un año —como es el caso de Utah—, y algunos estados tiene regímenes más amplios y permiten que la licencia también pueda ser utilizada como una forma de identificación —como California—.

Muchos de esos estados implementaron sus leyes después de la aprobación de la Ley REAL ID de 2005, que estableció estándares nacionales para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por cada estado con el fin de dar acceso a vuelos internos y a ciertas instalaciones federales. En la práctica, esto permitió que los estados puedan emitir licencias e identificaciones que no son aceptables con fines de identificación federal pero que sirven para otros fines, muchos de los cuales sirven a los inmigrantes irregulares.

En efecto, esta posibilidad ha beneficiado tanto a los inmigrantes no autorizados como a los estados, debido a que, allí donde se ha implementado, aumentó la seguridad pública de toda la comunidad. Según un artículo del think tank Center for American Progress, esta medida permite que las carreteras sean más seguras y que haya más conductores asegurados. Además, la policía puede mantener sus registros actualizados y utilizar su tiempo de forma eficiente, mientras que las personas que no poseen estatus legal tienen una mayor predisposición para colaborar con las autoridades, al perder el miedo de ser deportados en un control de tránsito, por ejemplo.

Paola Albarran, de Venezuela, se reúne con su prima, Anali Fernandez, residente de Houston, afuera del Centro de Recursos al Inmigrante en San Antonio, Texas (Photo by Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Paola Albarran, de Venezuela, se reúne con su prima, Anali Fernandez, residente de Houston, afuera del Centro de Recursos al Inmigrante en San Antonio, Texas (Photo by Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Tener una forma de identificación también facilita el acceso a los servicios públicos y financieros, como la posibilidad de abrir una cuenta bancaria y de acceder a una biblioteca pública y a las áreas recreativas de la ciudad. Además, los registros para nuevas licencias de conducir aumentan los ingresos estatales y locales. En Nueva York, por ejemplo, se estima que los registros de licencias y automóviles de conductores indocumentados generaron US$ 57 millones adicionales en ingresos anuales.

Acceso a la educación superior

Una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en 1982 dictaminó que los estados están obligados a proporcionar a todos los estudiantes una educación pública K-12 (jardín de infantes, primaria y secundaria), independientemente del estatus migratorio. La decisión del Tribunal Supremo, sin embargo, no se aplica a la educación superior.

Sin embargo, desde el año 2001 hasta ahora, varios estados han tomado medidas para facilitar el acceso a la universidad de los estudiantes con un estatus migratorio irregular. Una de esas leyes está vinculada con la equidad en las matrículas, que garantiza que cualquiera pueda al pago de la matrícula estatal para asistir a instituciones públicas.

De acuerdo con un reporte de la organización The Next 100, en los estados en los que estas legislaciones no existen, los estudiantes indocumentados se ven obligados a pagar tasas de matrícula internacionales para cursar estudios superiores. En promedio, estas tasas son más de 8.000 dólares más caras. La equidad de las matrículas se vuelve más crítica en un contexto de cuestionamiento del DACA, programa que protege de la deportación y otorga otros beneficios a jóvenes que llegaron al país de manera ilegal antes de sus 16 años.

En total, veintiún estados más la ciudad de Washington poseen políticas de equidad de matrículas. California y Nuevo México poseen las políticas más equitativas y creativas para ampliar el acceso a los estudios superiores de personas indocumentadas.

Por su parte, hay tres estados—Arizona, Georgia e Indiana—con leyes que prohíben específicamente que los estudiantes indocumentados gocen de las tasas de matrícula estatales. Alabama y Carolina del Sur van incluso más allá y prohíben que los estudiantes indocumentados se matriculen en cualquier institución pública superior.

James Camp, de Annunciation House, ayuda a Alexandra Tovar, recién llegada desde Venezuela tras cruzar la frontera con México en El Paso, Texas, el 22 de septiembre. Annunciation House y otros refugios para inmigrantes se desbordaron debido a la llegada de los inmigrantes (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

James Camp, de Annunciation House, ayuda a Alexandra Tovar, recién llegada desde Venezuela tras cruzar la frontera con México en El Paso, Texas, el 22 de septiembre. Annunciation House y otros refugios para inmigrantes se desbordaron debido a la llegada de los inmigrantes (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Otro aspecto vinculado al acceso educativo tiene que ver con las ayudas financieras de los estados, cruciales para la población con estatus migratorio irregular. En EE.UU, esos estudiantes no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, como becas y préstamos.

Con diferencias en materia de requisitos, accesibilidad y montos, 13 estados y la Ciudad de Washington implementaron políticas de este tipo y asignaron recursos que las respalden.

Finalmente, otra cuestión importante en materia educativa tiene que ver con el acceso a licencias y certificaciones profesionales. Las mismas son requeridas para el ejercicio de actividades como electricista, maestro o médico, y se prueban y expiden a nivel estatal, por lo que está en poder de los estados abrir esa posibilidad para quienes no gozan de ciudadanía, por ejemplo.

En ningún caso esto habilitará a esas personas a recibir un permiso de trabajo federal: las empresas y organizaciones tienen prohibido contratar a personas indocumentadas. Sin embargo, tener una licencia o certificación profesional permite reconocimiento formal de las habilidades de una persona, además de que los habilita para la creación de pequeñas empresas y para la prestación de sus habilidades a sus comunidades. Por último, es un paso importante en el camino hacia obtener la ciudadanía. Se trata de una medida habilitada recientemente por apenas 8 estados —California, Illinois, Nevada, Nueva Jersey, Nueva Mexico, Dakota del Sur, Utah y Wyoming— pero que cobra cada vez más fuerza debido a los múltiples beneficios que conlleva.

Acceso a los servicios de salud

Los inmigrantes enfrentan varios obstáculos cuando se trata de obtener atención médica, y esta situación ha empeorado con la pandemia de covid-19: mientras aumentaron las necesidades sanitarias y financieras, se redujo la cobertura de salud de las familias inmigrantes.

De acuerdo con un reporte publicado en julio del 2021 por la Kaiser Family Foundation, el 23% de los inmigrantes legalmente presentes en EE.UU. y el 46% de los inmigrantes indocumentados no tienen seguro médico, en comparación con por más del 9% de los ciudadanos estadounidenses sin cobertura.

Desde el año 2010 en adelante, el país redujo drásticamente el número de personas desprovistas de seguro médico gracias a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la legislación no trató de la misma manera a los ciudadanos y a los no ciudadanos.

Pese a las dificultades, los estados tienen en su poder la posibilidad de mejorar el acceso a la salud a niños, embarazadas y ofrecer servicios de salud mental.

Immigrants de Cuba y Venezuela en la frontera entre EE.UU y México mientras esperan el procesamiento por parte de la Patrulla Fronteriza, el 22 de mayo de 2022, en Yuma, Arizona. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Immigrants de Cuba y Venezuela en la frontera entre EE.UU y México mientras esperan el procesamiento por parte de la Patrulla Fronteriza, el 22 de mayo de 2022, en Yuma, Arizona. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

En el caso de la cobertura a menores de edad, seis estados y la ciudad de Washington aprobaron leyes que amplían los programas estatales de seguro médico, con el fin de garantizar que todos los niños, independientemente de su situación migratoria, tengan acceso a una cobertura sanitaria subvencionada por el Estado. Estas políticas varían dependiendo los niveles de ingresos de las familias: mientras que algunas solo proporcionan cobertura personas con ingresos muy bajos, otras dan una subvención a la cobertura. Los servicios suelen incluir revisiones periódicas y vacunas, controles del asma, odontología, oftalmología y urgencias.

Aunque los servicios vinculados al parto y a los trabajos previos están incluidos en el Medicaid para todas las mujeres que sean elegibles más allá de su estatus migratorio, hay 16 estados más la ciudad de Washington que ampliaron sus servicios. A través de la opción “niño por nacer” del Programa Federal de Seguro Médico para Niños (CHIP), los estados utilizan financiamiento federal para ampliar el acceso a la atención prenatal.

El estado de California es el único que, por el momento, ha incluido servicios de salud mental en su cobertura médica, lo que beneficia también a los inmigrantes indocumentados.

Ciudades santuario

“Ciudad santuario” es un término amplio para las jurisdicciones territoriales que tienen políticas diseñadas para limitar la cooperación o la participación en las acciones federales de aplicación de la ley de inmigración. La mayoría de esas políticas consisten en no cooperar con la aplicación de la ley federal en las políticas inmigratorias.

A veces, esas medidas impiden a las agencias cumplir con las órdenes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), bloquean la posibilidad de entrevistas a los indocumentados o impiden cruzar información sobre esas personas entre agencias de distintos niveles.

Los estados que son considerados ciudades santuario —en gran medida por las políticas explicadas anteriormente— son California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Vermont, Washington.

“Los gobiernos estatales y locales han tomado medidas importantes para mejorar la vida de los miembros de la comunidad independientemente de su estatus migratorio, pero aún falta mucho más. Para proteger la salud y la seguridad de todos los residentes, los estados deben continuar mejorando el acceso a la atención médica, a la nutrición, el apoyo económico, la educación y las licencias profesionales; proteger los derechos de los trabajadores e inquilinos; invertir en el acceso a abogados para inmigrantes; fortalecer la privacidad de conductores y  consumidor; y limitar la aplicación federal de las leyes de inmigración en cuestiones locales”, agregó Broder.

Alejandra Ramos y Tal Kopan contribuyeron a este reporte



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